Recientemente, un empresario de origen español, Álvaro Moya Corral, ha sido señalado por presuntamente utilizar firmas apócrifas para conseguir concesiones mineras y adquirir terrenos en una zona restringida del Caribe mexicano. Este caso ha tomado relevancia al involucrar a una notaría en Yucatán, además de incluir denuncias de despojo de vivienda y violencia vicaria, lo que ha generado preocupación en la comunidad.
Las autoridades locales están investigando las implicaciones de este entramado, que también incluye la sustracción de menores y la creación de varias sociedades. Este caso resalta la importancia de la vigilancia en los procesos legales y la protección de los derechos de los ciudadanos.